Francia aprueba la eutanasia con una de las leyes más permisivas del mundo
La Asamblea Nacional votó el 15 de julio por 291 votos a favor y 241 en contra. El Senado y el primer ministro han anunciado recurso ante el Consejo Constitucional.
Francia ha dado el paso que muchos temían. El 15 de julio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en lectura definitiva la ley sobre el «derecho a morir asistido» por 291 votos a favor y 241 en contra. La norma, promesa de campaña de Emmanuel Macron, convierte a Francia en uno de los países con la legislación más permisiva del mundo en materia de eutanasia.
La votación no fue unánime ni siquiera dentro de los grupos que impulsaron el texto. En el Rassemblement National, 106 diputados votaron en contra y solo 12 a favor. Los Républicains rechazaron la ley por 41 votos contra 5. El grupo Union des Droits pour la République la rechazó en su totalidad. Incluso en el tramo final del debate, alrededor de diez parlamentarios que habían apoyado el texto en lecturas anteriores cambiaron su voto al «no», aunque no fueron suficientes para detener la aprobación.
Una arquitectura legal sin cortafuegos
Grégor Puppinck, del Centro Europeo de Derecho y Justicia, ha identificado 27 disposiciones que considera de extrema gravedad. El texto permite que un único médico decida todo el procedimiento sin necesidad de solicitud escrita ni testigos. Ese médico puede conocer al paciente el mismo día de la solicitud, consultar a dos personas de su elección sin que estas examinen al enfermo, y autorizar la eutanasia en un plazo que puede reducirse a tres días. Las personas bajo tutela legal no quedan excluidas. Los familiares no son informados antes del fallecimiento y carecen de recurso alguno.
La ausencia de una cláusula de objeción de conciencia institucional preocupa de manera especial a los centros sanitarios de inspiración religiosa. Sin esa protección, dichos centros podrían verse obligados a practicar la eutanasia o a renunciar a su misión fundacional.
El Senado, convencido de que no era posible ningún acuerdo razonable con la Cámara baja, optó por rechazar el texto sin iniciar una nueva ronda de negociaciones. Su presidente, Gérard Larcher, anunció que recurrirá la ley ante el Consejo Constitucional, señalando que plantea cuestiones serias sobre el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la protección de los más vulnerables. Un recurso de este tipo —extraordinariamente infrecuente— suspende la entrada en vigor de la norma hasta que el Consejo emita su resolución.
El primer ministro Sébastien Lecornu, que se opuso personalmente al texto, no utilizó las facultades que tenía para detener el proceso legislativo. Sin embargo, el 14 de julio —día de la fiesta nacional francesa— anunció su intención de recurrir también ante el Consejo Constitucional las disposiciones más controvertidas: el período de reflexión, la falta de protección para las personas vulnerables y la cláusula de conciencia colectiva.
El desplazamiento antropológico que nadie votó
Lo que está en juego trasciende el debate técnico sobre plazos y garantías. La ley no solo regula un procedimiento médico: redefine la relación entre el Estado, el médico y el paciente moribundo. Cuando la institución sanitaria pierde el derecho a negarse, y cuando la familia queda excluida del proceso hasta después de la muerte, el acto de morir deja de ser un acontecimiento humano para convertirse en un trámite administrativo.
Algunos diputados que cambiaron su voto en la recta final lo hicieron, según la crónica parlamentaria, conscientes de «la gravedad de las apuestas y la naturaleza peligrosa del desplazamiento antropológico que se está produciendo». Esa conciencia llegó tarde para detener la ley, pero llega a tiempo para nombrar lo que ocurre.
Francia no ha ampliado un derecho. Ha reducido la protección que el Estado ofrecía a quienes se encuentran en su momento más frágil. El Consejo Constitucional tiene ahora la palabra.